«Vamos a por todas», campaña de la Junta de Andalucía que reivindica la igualdad real de todas las mujeres en la sociedad actual
La iniciativa, impulsada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tiene como objetivo lanzar un llamamiento social a la igualdad real a través de un mensaje reivindicativo que represente a todas las mujeres, «desde las violadas, invisibilizadas y sometidas hasta las empoderadas, las rebeldes o las luchadoras».
La campaña, que lleva como hashtag #VamosAPorTodas, cuenta con spot, cuña de radio, cartelería y dinamización en redes sociales, así como una mini guía didáctica para trabajar en materia de igualdad de género en los institutos.
Dentro de las medidas en positivo que lleva a cabo la Junta de Andalucía, sobresale la apuesta firme en el ámbito de la coeducación. Destacan iniciativas como el teatro social para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género, que ha contado con la participación de 400 niñas y niños de 16 centros escolares en la primera fase y de 1.000 miembros de Ampas y otros familiares en la segunda; Los talleres ‘No te pierdas’ para el alumnado de secundaria (1.600 participantes); El concurso ‘Haz TIC en tu futuro’, para promover en las adolescentes el interés por la tecnología. La campaña de sensibilización social contra la violencia de género en el ámbito educativo o la formación para el profesorado (563 profesionales participantes) son otras de las iniciativas destacadas.
Otro de los programas que se está llevando a cabo desde la Administración andaluza es el nuevo Servicio de Asesoramiento a Empresas EQUIPA, para fomentar la elaboración de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas andaluzas, así como la continuidad del trabajo transversal de las Unidades de Igualdad de Género de las consejerías de la Junta de Andalucía, coordinadas por la Unidad de Género del IAM.
Enlace a materiales de la campaña.
La nueva Ley andaluza de Igualdad de Género reforzará el papel social a través de la coeducación
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de modificación de la Ley para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. Los cambios introducidos dotarán a la Administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto el ámbito sancionador como en el de las políticas activas.
La principal novedad es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. El proyecto detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Otra de las líneas prioritarias de la modificación de la ley es la coeducación, cuyos contenidos deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas.
Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión, la reforma garantiza el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes. Igualmente novedosas son las medidas que establecen la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Puesta en marcha del protocolo de protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género
En la última sesión del Consejo de Gobierno del pasado 6 de marzo igualmente se aprobó el protocolo para la protección de las empleadas de la Administración autonómica víctimas de violencia de género, que acordó el pasado 12 de diciembre la Mesa General de Negociación Común del Personal de la Junta con el respaldo de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.
El texto, también de aplicación en las entidades instrumentales, establece un amplio catálogo de medidas para garantizar la seguridad y el derecho a la asistencia social integral de estas personas en ámbitos como los traslados de puestos de trabajo, la flexibilidad, las ayudas económicas, las prestaciones por incapacidad, la protección de la intimidad y la conciliación familiar por cambio de residencia. Asimismo, se ampara a las personas empleadas víctimas indirectas, como cónyuges o parejas de hecho, que igualmente pueden solicitar el traslado.
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