Información pesquera

Se tramita por la vía de urgencia el pago de las ayudas por el cierre del caladero de la chirla en el Golfo de Cádiz

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en su página web la resolución por la que se conceden ayudas a los afectados por el cierre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, decretado el pasado mes de enero y que afecta a embarcaciones y tripulantes de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en la provincia de Huelva, y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Los pagos se están tramitando ya por vía de urgencia, para que así el abono pueda realizarse en el periodo de tiempo más corto posible.

Un total de 49 armadores han cumplido todos los requisitos legales para acceder a estos incentivos, lo que permitirá que los reciban 70 familias. Durante la tramitación de todo este proceso, la Consejería ha habilitado dos plazos de regularización y subsanación de errores para acoger al máximo de beneficiarios posible.

En total serán casi 900.000 euros, aportados con presupuesto autonómico, con un primer pago que se hará de manera automática e incluirá el periodo comprendido entre el 20 de enero (el primer día en el que se prohibió la pesca de la chirla) y el 30 de junio, abonándose los posteriores a mes vencido. Para cobrar los incentivos a partir de julio, los beneficiarios tendrán que presentar mensualmente una declaración responsable en la que consignen que no han cambiado las circunstancias que les dan derecho a recibir esta prestación.

El nuevo decreto de comercialización de productos de la pesca reforzará la calidad y las garantías de consumo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía, adaptado a los cambios de las legislaciones comunitaria y estatal. La norma sustituye a las vigentes sobre esta materia desde 1997, reuniendo en un único texto la regulación de las ventas y la garantía de trazabilidad tanto de la pesca extractiva como del marisqueo, la acuicultura y la recolección de algas, que actualmente suman en la Comunidad una producción anual de 69.000 toneladas con un valor de 293 millones de euros.

Además de recoger los cambios introducidos en 2015 por la normativa estatal, el decreto andaluz introduce novedades para aumentar el valor añadido de los productos y reforzar la protección del consumidor. Entre ellas destacan la obligación de realizar la primera venta en lonja para el marisqueo desde embarcación, la simplificación administrativa de los trámites que se exigen a los mariscadores a pie y la posibilidad, para ambos subsectores, de vender las capturas ya sometidas a depuración. También se prevé la inclusión, en las etiquetas expedidas por las lonjas, de la denominación de los caladeros donde pesca la flota andaluza.

De acuerdo con el decreto, las lonjas de los puertos y sus centros de expedición asociados son los únicos recintos donde se puede realizar la primera venta de los productos de la pesca extractiva y del marisqueo de embarcación, sean vivos, frescos o refrigerados (se excluyen los congelados o transformados a bordo). La norma también regula la primera venta a través de contratos acordados antes de la captura, que ya se viene realizando a raíz de la legislación estatal de 2015.

En Andalucía hay 25 lonjas (12 en el Golfo de Cádiz y 13 en el Mediterráneo), con un censo vinculado de 1.703 compradores. El pasado año gestionaron una producción de 48.124 toneladas por un valor de 150 millones de euros. En estos datos se incluyen los de los nueve centros de expedición asociados, situados en Sanlúcar de Barrameda y La Atunara (Cádiz); Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva), y los puertos malagueños de Caleta-Vélez, Estepona, Fuengirola, Marbella y Málaga.